El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la elección y adquisición de textos escolares, ante las denuncias presentadas sobre el incremento de precios.
El texto aprobado busca garantizar el derecho de los padres de familia de adquirir textos escolares en las mejores condiciones de calidad y precio, y establece sanciones e infracciones a las instituciones públicas y privadas que participen en el direccionamiento de la adquisición de textos escolares.
Se precisa que las editoriales y los establecimientos que incurran en esta práctica serán sancionadas conforme a normas del Código de Protección y Defensa del Consumidor.
La norma también crea el Observatorio Nacional de Textos Escolares, a cargo del Ministerio de Educación, para que publique en su portal información permanente sobre el precio de los textos escolares y la certificación de los mismos.
La propuesta tuvo 72 votos a favor, cero en contra y 6 abstenciones y fue exonerada de la segunda votación.
Seguridad en el trabajo
Previamente, la representación nacional aprobó el dictamen de
La propuesta aprobada consta de ocho capítulos y 104 artículos, la cual fue sustentada por el presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Pari Choquecota (GPN), quien señaló que se necesita de una norma que proteja a los trabajadores de los accidentes y enfermedades contraídas en su centro de trabajo.
La ley establece responsabilidades económicas y legales de los empleadores, como consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones como consecuencia de su labor.
La propuesta alcanzó 57 votos a favor, cero en contra y 14 abstenciones, tras rechazarse una cuestión previa planteada por el congresista Walter Menchola Vásquez (AN) que solicitaba enviar la propuesta a la Comisión de Salud. También fue exonerada de la segunda votación.
Intervinieron para apoyar la norma los congresistas Yonhy Lescano Ancieta (AP), Rafael Vásquez Rodríguez (GPN), Víctor Mayorga Miranda (GPN) y Luis Negreiros Criado (PAP), entre otros.
De otro lado, el Pleno del Congreso archivó el dictamen del proyecto de ley de homologación del plazo para la importación de vehículos usados. La propuesta no alcanzó los 51 votos que se requería, según el artículo 79 de la Constitución Política.
